En Ecuador no se ha realizado un lanzamiento oficial de clubes cannábicos por parte del Gobierno, pero el concepto está en el centro de un intenso debate político y social debido a una iniciativa popular ciudadana impulsada por la Red de Acción Cannábica (Redcam).
En el país el uso medicinal e industrial del cáñamo (con menos del 1% de THC) ya es legal desde 2019, pero el uso adulto o recreativo sigue prohibido. La propuesta actual busca cambiar eso drásticamente.
¿En qué consiste la propuesta de los “Clubes Cannábicos”?
El proyecto, denominado Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador, propone un modelo regulado para el consumo adulto (para mayores de 18 años) que incluye los siguientes pilares:
- Clubes y tiendas: Autorizar la creación de clubes cannábicos, tiendas de autoservicio y dispensarios médicos bajo la supervisión de un nuevo Instituto Nacional de Regulación del Cannabis.
- Autocultivo sin penalización: Permitir que los ciudadanos cultiven hasta 30 plantas en su propiedad privada exclusivamente para consumo personal (sin fines comerciales).
- Eliminación de la lista de fiscalización: Excluir a la planta y sus derivados de las listas de sustancias sujetas a fiscalización para evitar la criminalización de los usuarios.
¿Cuál es la situación real del proyecto?
La iniciativa ha tenido un camino de idas y vueltas en las instituciones del Estado:
- Avance en la Asamblea Nacional: La comisión de calificación de la Asamblea dio un informe favorable para analizar la propuesta.
- El freno del CNE (Falta de firmas): El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la iniciativa ciudadana no alcanzó el número mínimo de firmas válidas requeridas por la ley. Presentaron poco más de 11,000 firmas válidas de las 34,136 necesarias (el 0.25% del padrón electoral).
- Plazo de prórroga: El CNE otorgó un plazo de 90 días a los colectivos cannábicos para que completen las firmas faltantes. Los activistas se han puesto la meta de recolectar hasta 50,000 firmas para blindar el proceso ante los descartes habituales del organismo.
El argumento de los impulsores: Los colectivos defienden que una legalización controlada y la creación de clubes regulados ayudarían a golpear las finanzas del crimen organizado, reducirían el narcotráfico y garantizarían que los usuarios no consuman productos adulterados que pongan en riesgo su salud.
Si los activistas logran reunir las firmas en el tiempo establecido, el proyecto volverá a la Asamblea Nacional para ser debatido, modificado, aprobado o archivado por los legisladores.