El panorama legal del cannabis en Brasil ha vivido una transformación drástica impulsada casi en su totalidad por la judicialización, es decir, ante la falta de leyes claras dictadas por el Congreso, han sido los tribunales los que han terminado regulando el consumo, el cultivo y el acceso medicinal.
El escenario se define a través de dos frentes clave:
1. El uso medicinal y científico
Tradicionalmente, las familias de pacientes y las empresas tenían que interponer recursos judiciales (habeas corpus) de forma individual para poder cultivar o importar tratamientos sin ir a prisión. No obstante, la presión de estos fallos judiciales obligó a un cambio estructural:
- Regulación forzada por los tribunales: El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) crear un marco normativo general para el sector.
- Apertura al cultivo empresarial: Anvisa oficializó una resolución que autoriza a las empresas e instituciones de investigación a cultivar cannabis a pequeña escala y en ambientes estrictamente controlados (con variedades de hasta un 0,3% de THC) para fines científicos y de desarrollo de fármacos.
2. El uso personal y el autocultivo
En el ámbito del consumo recreativo y el autocultivo individual, el cambio histórico llegó de la mano de la máxima autoridad judicial:
- Despenalización del porte personal: El Supremo Tribunal Federal (STF) declaró inconstitucional castigar penalmente la posesión de marihuana para uso propio.
- Fijación de límites: Para evitar que los usuarios caigan en el sistema carcelario por discrecionalidad policial, la corte estableció un límite objetivo de hasta 40 gramos o seis plantas hembras por persona.
Aclaración clave: La marihuana no es legalen Brasil en un sentido comercial o recreativo abierto. Superar los 40 gramos sigue presumiéndose como narcotráfico (lo que conlleva severas penas de prisión), y la venta o distribución de cualquier tipo sigue estando estrictamente prohibida. Lo que ha ocurrido es una transición de la vía penal a la vía administrativa para los consumidores gracias a la intervención de los jueces.